Casi cinco meses después de su irrisoria aplicación, el artículo 155 de la Constitución ha dejado todo el poder de adoctrinamiento, propaganda y coacción en manos de la misma organización separatista que lo generó. Algo que no ha sucedido jamás en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, además, donde el Jefe de Gobierno lleva casi siete años ignorando su función más esencial de cumplir y hacer cumplir la ley, y de proteger los derechos humanos más elementales de los catalanes no nacionalistas, discriminados y acosados cada día.
Por si fuera poco, el Jefe de Gobierno ha facilitado a los separatistas los medios materiales (utilización de edificios y medios propiedad del Estado) y financieros (a través del Fondo de Liquidez Autonómica) para llevar a cabo la preparación y la consumación de todo un 'golpe' contra la nación. Con independencia de las responsabilidades penales que un su día puedan corresponder a Mariano Rajoy y a su Gobierno por dejación grave de sus funciones más esenciales, la situación a día de hoy es el abandono total del Gobierno de Cataluña en manos de los mismos cuya intención declarada es la de separarse de España aún cuando la mayoría del pueblo catalán se oponga a ello.
Según el mencionado artículo 155, la responsable máxima del Gobierno en Cataluña es la vicepresidenta del Gobierno de España, Sáenz de Santamaría –responsable principal de la desastrosa gestión de la crisis e impulsora de las elecciones exprés del 21-D. A su vez, varios ministros del Gobierno son los “ministros” correspondientes de la Generalitat. Pocos de ellos han aparecido por Cataluña, y peor aún, siguen entregando puntualmente el dinero para que los actuales responsables de la banda criminal puedan financiar otro movimiento independentista. Además, aunque no hay dinero para las pensiones, parece que si lo hay para seguir subvencionando a los medios separatistas, como TV3 y todos los medios digitales .cat. Y es para no creérselo: los balcones de todos los edificios públicos de la Generalitat están llenos de lazos amarillos en honor a Puigdemont sin que nadie lo impida.
La cobardía, la miseria moral y la dejación de funciones que esto supone no tiene paralelo en la historia del mundo contemporáneo. Sin duda, Rajoy y su Gobierno están escribiendo una de las páginas más negras de la historia de España y de Europa. Y ante tamaña indignidad, resulta inevitable volver la vista primero hacia la Constitución, algo literalmente sagrado en un Estado de derecho, y luego hacia el monarca Felipe VI y sus deberes constitucionales. El Art. 2 establece que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”; y el Art. 3 “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles el deber de conocerlo y el derecho a usarla”. Para vergüenza y escarnio de la Ley Fundamental y de los españoles, para el Ministro de Educación y Portavoz del Gobierno de Rajoy, Méndez de Vigo, el que este artículo se vulnere de plano en Cataluña “no representa ningún problema”.
Finalmente, el Art. 56 de nuestra Carta Magna establece que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Pues bien, ¿en que momento el monarca ha arbitrado y moderado el funcionamiento regular de las instituciones? ¿Cuándo ha convocado a los responsables de la Generalitat y del Estado a su despacho para tratar de buscar una solución al problema? ¿Cuándo, en caso de no existir acuerdo, ha arbitrado entre las distintas posiciones? De hecho, fue cuando el clamor ante la inacción del Gobierno era general, cuando el Rey –en contra de la opinión del Jefe del Gobierno– salió en televisión a exigir exactamente lo mismo que el pueblo español exigía en la calle y en sus casas. Por desgracia, el Ejecutivo no ha hecho caso al Rey y menos aún al clamor de la ciudadanía.
“Clama al Cielo que en todas sus declaraciones el Presidente de Vuestro Gobierno no haya reconocido error propio alguno; aún sabiendo como debe saber que es el responsable principal de esta inverosímil situación causada por la corrupción de las ideas; los complejos y la manifiesta incapacidad de afrontar el problema nacionalista. Esto sin mencionar la falta de autoridad moral que arrastra por los casos de corrupción que han afectado gravemente a su partido junto al resto de partidos e instituciones en España” (1).
El Rey representa a la única institución, la Monarquía, que se ha comprometido en defensa de la unidad de España, aunque haya sido a través de gestos insuficientes y declaraciones tan grandilocuentes como inútiles. El monarca tiene ahora la obligación grave de, en su condición de Jefe del Estado y Conde de Barcelona, liderar una respuesta efectiva, continuada y a gran escala que desmonte la trama nacionalista e imposibilite su resurgimiento futuro.
Para ello cuenta con el apoyo de la gran mayoría social de la España no afiliada ni representada por unos políticos que se muestran incapaces de defender y garantizar la unidad de la Nación. El Rey debe liderar la sociedad civil catalana, hoy completamente abandonada y sometida a un dominio impuesto por el gobierno regional catalán y el resto de instituciones autonómicas de cariz separatista.
Para ello, y en lugar de hacer omisión de sus funciones, como la vicepresidenta y los ministros que en teoría gobiernan la Generalidad están haciendo, el Rey puede y debe trasladar su residencia a su casa de Barcelona (la segunda capital de España) para permanecer allí el tiempo que haga falta y cumplir su función constitucional, empezando por llamar a capítulo a las cien familias catalanas responsables de este desastre y exigirles su lealtad inmediata y explícita a España y a la institución monárquica. Para este movimiento no necesitaría el permiso de presidente del Gobierno, pues ¿donde dice la Constitución que el Monarca necesita permiso para cumplir su más sagrada función? Solo así se lograría detener el desafío contra la unidad de España promovido desde la Generalitat.
Ante la cobarde ausencia del Ejecutivo, es el Rey quien puede y debe poner toda la maquinaria del Estado de Derecho al servicio de la democracia y la unidad de España, hoy gravemente amenazadas por un Gobierno central y una clase política de cobardes y antipatriotas, una casta de pícaros sin sentido del honor. España lo necesita y la gran mayoría de españoles así se lo exige a su Rey. Su padre, el monarca emérito D. Juan Carlos, tenía una personalidad muy segura de sí misma, y no digamos su abuelo D. Juan, el último gran Conde de Barcelona, que además de personalidad tenía honor. Majestad Don Felipe de VI Borbón, si quiere usted consolidar la Monarquía debe demostrar que posee ambas cualidades, y esta es probablemente su última oportunidad. La Corona es la única institución que debe revertir esta vergonzante situación; si no lo hace, su mantenimiento carecerá de justificación alguna. España, majestad, es una unidad nacional con más de 500 años y no puede ser destruida por la voluntad de una parte minoritaria de su población.
(1) Carta dirigida al Rey el 2 de octubre de 2017 por D. Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada.
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